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¿Te imaginas el valor de un abrazo para un niño abandonado? ¿O la ilusión en la mirada de un adolescente que ha sufrido tanto y empieza a soñar con un futuro? ¿O la simple seguridad de una comida caliente para un pequeño que no tiene a dónde más comer? Pues esa es la realidad de Casa San José, un hogar gestionado por la Comunidad de San Pablo, y de otros 72 hogares de acogida aquí en Cochabamba, Bolivia. Cada día abrimos nuestras puertas y nuestro corazón a los más vulnerables, dándoles un rayo de esperanza en medio de la adversidad.

En Casa San José, cada año brindamos esa luz a unos 115 niños y adolescentes en riesgo de calle, ofreciéndoles la oportunidad de reconstruir sus vidas y regresar al calor de una familia. Vuestra generosidad ha sido un faro en este camino, permitiéndonos ofrecerles no solo un techo y sustento, sino la posibilidad de soñar con un mañana diferente. ¡Gracias infinitas por vuestro apoyo constante, que es vital para nuestra labor!

Sin embargo, una sombra burocrática amenaza esta labor esencial, así como la de otros 72 hogares que, en conjunto, atienden a casi 4.500 niños, niñas y adolescentes en la región. Incomprensiblemente, el Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba, en lugar de ser un aliado en la protección de la infancia vulnerable –una responsabilidad que les confiere la ley–, nos está imponiendo obstáculos que ponen en grave riesgo nuestra propia sostenibilidad. Esta situación afecta a diversas instituciones religiosas y laicas que gestionan estos espacios de acogida.
Recientemente, la gobernación ha impuesto la Ley Departamental 1006, una normativa que, sin consultarnos ni reconocer nuestra dedicación altruista, nos equipara injustamente a empresas con fines de lucro. El resultado directo: trámites costosos e innecesarios que minan nuestra autonomía y comprometen la atención vital que brindamos a los niños que más lo necesitan.

No pedimos privilegios, sino justicia y reconocimiento por la labor que realizamos, supliendo una responsabilidad del Estado. No podemos permitir que se obstaculice nuestro trabajo, poniendo en peligro el bienestar de los niños que dependen de nosotros para su protección y desarrollo. La imposición de esta ley podría forzarnos a tomar decisiones drásticas, incluso cerrar nuestras puertas, dejando sin refugio a cientos de niños y adolescentes que encuentran en Casa San José y en los otros hogares un refugio seguro y lleno de esperanza.

Ante esta crítica situación, nos preguntamos con profunda preocupación: ¿a dónde irán los niños que hoy encuentran refugio y esperanza en estos espacios si no podemos seguir ofreciéndoles un futuro? Desde Casa San José y los demás hogares de acogida, estamos en pie de lucha para que se derogue esta ley injusta. Queremos manteneros informados sobre esta crucial batalla que estamos librando por el futuro de los más vulnerables.

En esta ardua pugna por la continuidad de nuestra labor y el bienestar de los niños, las diversas organizaciones que gestionamos los 73 hogares hemos unido fuerzas para visibilizar nuestra profunda preocupación ante las autoridades y la población. Esperamos sinceramente que nuestras voces sean escuchadas y que podamos establecer un diálogo constructivo que nos permita alcanzar un consenso justo y razonable para continuar ayudando a miles de niños vulnerables. ¡Gracias por estar siempre a nuestro lado!